24 abr (ABI).- El corte del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (Sigma) instruido por el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, tiene el propósito de consolidar la autonomía de facto, consideraron este jueves, a su turno, los legisladores del oficialismo.
La Paz, 21 abr (ABI).- El líder del opositor Poder Democrático y Social (Podemos), Jorge Tuto Quiroga, emplazó al presidente Evo Morales Ayma a demostrar que existen personas sometidas a esclavitud en Bolivia, ignorando los informes de entidades que constataron la existencia de familias cautivas que viven en ese estado en el Chaco Boliviano.
El presidente interino de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), César López, presentó ayer ante la Fiscalía de la República la proposición acusatoria para juicio de responsabilidades en contra del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, por violar la norma vigente en la nacionalización de 700 vehículos indocumentados.
López indicó que junto a Fernández serán acusados el alcalde de Cobija, Luis Adolfo Flores, la presidenta de los cívicos de Pando, Ana Melena Suzuki, y el presidente de la Cámara Departamental de Industria (CDI), Eugenio Fugi.
Los delitos que pesan contra estas autoridades son en su condición de integrantes del directorio de la Zona Franca Comercial de Cobija.
La Aduana continúa el proceso a Patricia Galarza, vicepresidenta del Comité Cívico de Tarija, por el contrabando de una vagoneta, y aclaró que no hubo desistimiento.
Este libro es resultado de un trabajo colectivo que tiene una protagonista principal, Ximena Soruco Sologuren, autora de varias y provocadoras publicaciones y estudios en otras áreas y temas. Sacó su doctorado en la universidad de Michigan estudiando el tema de “lo cholo” en Bolivia, de próxima publicación. Cuando se incorpora a la Fundación TIERRA en el año 2006 recién comienza a leer y refl exionar sobre el tema de los recursos naturales, tierra, regiones, autonomías, latifundios y poder. Además, forman parte del equipo, Willy Plata, sociólogo aymara que ha investigado a las comunidades del altiplano en el PIEB y la Fundación TIERRA y que incursiona en el discurso de las élites cruceñas, y Gustavo Medeiros, quien terminó la maestría en economía agraria en la Pontifi cia Universidad de Chile analizando la caracterización de pequeños y medianos productores de soya del Municipio de Mineros en Santa Cruz. Este equipo, a través de este libro, nos dan pistas actualizadas y fehacientes para rastrear los orígenes del modelo agroindustrial de la soya –su perspectiva y futura sostenibilidad– y la conformación actual del poder en Santa Cruz. El Observatorio de la Revolución Agraria de la Fundación TIERRA se instaló en Santa Cruz a los pocos meses de lanzado el proceso por el presidente Evo Morales Ayma y su gobierno, a principios del año 2006. Este Observatorio tiene por objetivo hacer seguimiento propositivo –desde la sociedad civil– a la promesa gubernamental de cambiar el agro y desde la Fundación TIERRA estamos apoyando las políticas y medidas que nos permitan avanzar –como país, pero especialmente en el Oriente– hacia la conformación de nueva una estructura de propiedad de la tierra, y por tanto de una estructura de la producción y de la organización del poder, en términos más democráticos, participativos y sostenibles. Esta publicación es uno de los productos principales de nuestro Observatorio. Mientras comenzaban a desarrollarse iniciativas específi cas relacionadas con el proceso agrario, créditos de fomento para pequeños productores, entrega de tractores a las comunidades, modifi cación de la Ley INRA y sus reglamentos… también
vi LOS BARONES DEL ORIENTE
comenzaron en paralelo procesos como la “nacionalización” del gas y la instalación de la Asamblea Constituyente. Este conjunto de medidas tienen una contundente respuesta desde nuestras tierras bajas organizada por las élites que mantienen el poder: La demanda autonómica ha sido construida como el discurso uniformizador y englobante del reclamo regional en el cual la defensa de nuestros recursos naturales es el eje central. Así, bajo el paraguas étnico y regional, los latifundios –que poseen pocas pero poderosas minorías– quedan encubiertos y resguardados de eventuales acciones redistributivas de tierras del gobierno central. Las amenazas del gobierno del MAS para eliminar los latifundios, hasta ahora sólo han quedado en palabras, en discurso, pero han logrado exacerbar al extremo los ánimos en nuestra región, fortaleciendo el reclamo regional por la autonomía. Desde la Regional Oriente de la Fundación TIERRA somos concientes de que esta publicación no será bien recibida por los actuales círculos de poder; sin embargo, nuestra misión institucional es ayudar a la generación de conocimientos para la lectura más apegada posible de la realidad como es y no como nos la imaginamos. Este libro ha sido escrito sin apasionamientos ni prejuicio, está basado en hechos, datos, cifras y situaciones que realmente han existido y existen hasta hoy. Ojalá sea respondido con ideas, argumentos y debate y no con intolerancia, la sucia moneda de nuestro tiempo.
SANTA CRUZ, MARZO 2008
Alcides Vadillo
ITANANBIKUA (CAPITANÍA GUARANÍ KAAMI / CAMIRI, SANTA CRUZ-BOLIVIA. Agencia de Noticias Chaco Amazonía-ANC, Viernes 11-04-2008).- Poco se oyó, leyó o se vio, en los medios de comunicación bolivianos, y particularmente del Chaco, acerca de la cantidad de tierra (por miles de miles de hectáreas) “no saneada” a cargo de la familia estadounidense Larsen y sus descendientes.
Un informe del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA-Cordillera, señala que cuatro integrantes de lo que podríamos denominar “Clan Larsen” tiene 15.777 hectáreas distribuidas en (sólo en la provincia Cordillera, o sea territorio guaraní) en cinco haciendas y/o propiedades: Caraparicito I, Caraparicito II, Yaguapoa, Reserva Privada del Patrimonio Natural, e Itatiqui.
Otras 26.443 hectáreas están repartidas en la provincia Velasco (territorio chiquitano), en nueve haciendas: Corrales, San Carlos, Los Remates II, Loreto Montana, Natividad, San Pablo, San Agustín, Natividad San Ramón, y San Ceferino; en tanto que 14.924 hectáreas están en la provincia Ñuflo de Chávez (territorio chiquitano) en tres haciendas y/o propiedades: Propiedad San Miguelito, Propiedad Monte Honda, Propiedad San Lorenzo.
El informe de CIPCA-Cordillera añade que estas 57.145 no están saneadas, como casi todas las grandes extensiones de tierra en el oriente, es decir que no tienen títulos legalizados, a pesar de la vigencia de tres normas que tienen ese propósito: 1) Decreto de Reforma Agraria (1953), 2) Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (1996) y, 3) Ley de Reconducción Comunitaria del INRA (2006).
Casi con seguridad, estas tierras fueron “dotadas” de manera ilegal, como favor político, durante alguna de las dictaduras, como lo revela el libro “Los barones del oriente” (Ediciones Fundación Tierra, 2008) y cuyos autores son Ximena Soruco, Wilfredo Plata y Gustavo Medeiros. Este texto identifica a tres “dotadores de tierra al por mayor: René Barrientos, Hugo Bánzer y Luis García Meza. Sus condiciones de generales dictadores de esta trica dice mucho para sospechar de la ilegalidad de esas propiedades.
Ya en esta época, los Larsen tienen muy buenas relaciones con… Branco Marincovik, Rubén Costas y con Gabriel Dabdoub, la trica de terratenientes usurpadores de territorio indígena, dirigentes cívicos, o… dirigentes empresariales (según la ocasión).
Andre Ronald Larsen Zurita, Duston Larsen Metenbrink, Hans Aaron Larsen, Ronald Dean Larsen Nielsen son los miembros de esta nueva casta de señores feudales que mantienen en cautiverio a los indígenas guaraníes y chiquitanos.
Con seguridad, ellos son los impulsores del racista y separatista “Estatuto” que promueven Branco y sus amigos discriminadores, y también estimulan los enfrentamientos como el secuestro del viceministro Alejandro Almaraz (Alto Parapetí, 27 de febrero 2008) o los forcejeos del 4 de abril reciente.
La tierra en los territorios guaraní, chiquitano y otros pueblos del oriente, seguirá siendo motivo de una disyuntiva: 1) Se consolidan los territorios indígenas por medio de las TCOs y se dejan de lado las oprobiosas y vergonzosas “comunidades cautivas” o, 2) se mantienen las extensas propiedades así como las “comunidades cautivas” que implican los indígenas casi-esclavos.
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(*) Edgar Ramos Andrade. Comunicador e investigador social. Autor del libro “aGONIa y Rebelión Social” y de las cartillas didácticas “Más claro… agua”. Correo-e: chaco.amazonia@gmail.com